INFORMES USP

 2016/022 * Posibilidad de constituir un centro de control o una central de alarmas de uso propio en vivienda particular.

ANTECEDENTES

Escrito de un particular, en calidad de Jefe de Seguridad, trasladando la consulta de un cliente que desea conocer si legalmente puede conectar sus propiedades a un centro de control ubicado en su domicilio o, en su defecto, constituir una central de alarmas de uso propio.

CONSIDERACIONES

Con carácter previo se participa que, los informes o respuestas que emite esta Unidad, tienen un carácter meramente informativo y orientativo -nunca vinculante- para quien los emite y para quien los solicita, sin que quepa atribuir a los mismos otros efectos o aplicaciones distintos del mero cumplimiento del deber de servicio a los ciudadanos.
Señalar en primer lugar que el consultante ha desestimado la posibilidad, planteada por la empresa,  de realizar  actuaciones de autoprotección ejecutadas directamente por el mismo, dirigidas a la protección de su entorno personal y patrimonial y que serían adecuadas a la normativa de seguridad privada, al amparo de lo establecido en el artículo 7 de la Ley 5/2004, de 4 de abril, de Seguridad Privada.

El artículo 39.1 del Real Decreto 2364/1994, de 9 de diciembre, modificado por el Real Decreto 195/2010, define en su párrafo segundo a los centros de control, disponiendo que: “A efectos de su instalación y mantenimiento, tendrán la misma consideración que las centrales de alarmas los denominados centros de control o video vigilancia, entendiendo por tales los lugares donde se centralizan los sistemas de seguridad y vigilancia de un edificio o establecimiento y que obligatoriamente deben estar controlados por personal de seguridad privada”.

En diferentes escritos esta Unidad Central ha interpretado y precisado este precepto legal, estableciendo, entre otras, las siguientes consideraciones:

1. Un centro de control o vídeo vigilancia se equipara a una Central de Alarmas únicamente a los efectos de que, tanto en uno como en otro, los sistemas de seguridad que se pretendan conectar a ellos deberán haber sido instalados y posteriormente mantenidos, por una empresa de seguridad autorizada para la instalación y mantenimiento de aparatos dispositivos y sistemas de seguridad.

2. Se trata de un lugar donde se centralizan los sistemas de vídeo vigilancia y alarma, comunes al edificio o establecimiento donde se ubican y que están destinados a facilitar la labor del personal de seguridad que presta servicio en ellos, utilizando para esa tarea, además de la vigilancia humana, los sistemas de seguridad mencionados. La única función para la que están pensados estos lugares es la de vigilancia directa y permanente a través de medios técnicos.

3. Consecuencia de la función que se realiza en ellos, es que obligatoriamente deben estar atendidos por personal de seguridad, es decir, vigilantes.

4. No necesitan ningún tipo de autorización, salvo el exigido por la normativa cuando lo que se pretende es realizar cualquier servicio de vigilancia, esto es,   presentar el preceptivo contrato.

5. No se le exige ninguna medida de seguridad dado que, como la norma hace en otros supuestos, la seguridad la dan los propios vigilantes que prestan el servicio.

En base a estos argumentos, no sería posible constituir un  centro de control en un domicilio, si las propiedades que pretendan conectar estuviesen en diferentes localidades, al exigirse que éstos deben ubicarse en el mismo edificio donde están instalados los sistemas, ya que lo contrario supondría una prestación de servicios de centralización de alarmas sin estar habilitado para ello y que la norma reserva a las empresas autorizadas para esta actividad.

En lo que se refiere a las centrales de alarma de uso propio, el artículo 5 referido a las actividades de seguridad privada, dispone en su punto tercero que “las entidades públicas o privadas podrán constituir, previa autorización del Ministerio del Interior o del órgano autonómico competente, centrales de alarmas de uso propio para la conexión, recepción, verificación y, en su caso, respuesta y transmisión de las señales de alarma que reciban de los sistemas de seguridad instalados en bienes muebles o inmuebles de su titularidad, sin que puedan dar, a través de las mismas, ningún tipo de servicio de seguridad a terceros”.

Respecto a este tipo de centrales señalar que se les piden las mismas medidas de seguridad físicas y electrónicas que a las empresas de seguridad autorizadas para esta actividad y que se encuentran recogidas en la Orden INT/314/2011, de 1 de febrero, concretamente en su artículo 12.2., con la exigencia de que únicamente pueden conectar aquellas instalaciones de las que sean titulares y la posibilidad de solicitar la dispensa de alguna de estas medidas bajo determinadas condiciones.

La constitución de centrales de uso propio la reserva la normativa, como se recoge en el artículo 5 ya citado, a “entidades”, término que la Real Academia de la Lengua define como:  “colectividad considerada como unidad y, en especial, cualquier corporación, compañía, institución, etc., tomada como persona jurídica”.

Ajustándonos a esta definición, sería necesario que las propiedades del consultante adoptándose  la forma de personalidad  jurídica (sociedad, compañía….) para cumplir con lo exigido normativamente y, además, que todas ellas tuviesen  titularidad única.

CONCLUSIONES

Atendiendo a lo expuesto anteriormente y en respuesta a las concretas consultas efectuadas, señalar que: 

1. Los centros de control están definidos para conectar los sistemas de seguridad y CCTV del edificio donde se ubican, por lo que normativamente no sería posible establecerlo en el domicilio del consultante para instalaciones situadas en diferentes puntos del territorio nacional. Además, estos centros, por imperativo de la norma, obligatoriamente deben estar controlados por personal de seguridad. 

2. La legislación de seguridad privada establece la posibilidad de constituir centrales de alarmas de uso propio para las entidades, entendidas éstas como sociedades, empresas, corporaciones…. al objeto de que puedan controlar y supervisar la protección de las propiedades de las cuales sean titulares, debiendo revestir los solicitantes personalidad jurídica  para tramitar la correspondiente autorización.   

Este informe se emite en cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 35 g) de la Ley 30/92, sobre derecho de información al ciudadano, y fija la posición y el criterio decisor de las Unidades Policiales de Seguridad Privada, en relación con el objeto de la consulta sometido a consideración. No pone fin a la vía administrativa ni constituye un acto de los descritos en el artículo 107 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por lo que contra el mismo no cabe recurso alguno.

UNIDAD CENTRAL DE SEGURIDAD PRIVADA

2016/020 * Utilización de vigilantes asignados al servicio de acuda para otras actividades de seguridad.

ANTECEDENTES

Escrito de un particular, en calidad de Delegado Sindical, solicitando información sobre los preceptos legales y posibles sanciones en que podría estar incurriendo la citada empresa por utilizar a vigilantes de seguridad de los servicios de verificación personal de las alarmas en otras actividades de seguridad, desatendiendo a las primeras y prestar este servicio un único vigilante cuando realizan verificación interior de inmuebles.

CONSIDERACIONES

Con carácter previo se participa que, los informes o respuestas que emite esta Unidad, tienen un carácter meramente informativo y orientativo -nunca vinculante- para quien los emite y para quien los solicita, sin que quepa atribuir a los mismos otros efectos o aplicaciones distintos del mero cumplimiento del deber de servicio a los ciudadanos.

La actual Ley 5/2014, de 4 de abril de Seguridad Privada, dedica su Título IV a los “Servicios y Medidas de Seguridad”, recogiendo en su artículo 47 los relativos a los “servicios de gestión de alarmas”, disponiendo en su punto 2 que:   
“Los servicios de respuesta ante alarmas se prestarán por vigilantes de seguridad o, en su caso, por guardas rurales, y podrán comprender los siguientes servicios:

a) El depósito y custodia de las llaves de los inmuebles u objetos donde estén instalados los sistemas de seguridad conectados a la central de alarmas y, en su caso, su traslado hasta el lugar del que procediere la señal de alarma verificada o bien la apertura a distancia controlada desde la central de alarmas.

b) El desplazamiento de los vigilantes de seguridad o guardas rurales a fin de proceder a la verificación personal de la alarma recibida.

c) Facilitar el acceso a los servicios policiales o de emergencia cuando las circunstancias lo requieran, bien mediante aperturas remotas controladas desde la central de alarmas o con los medios y dispositivos de acceso de que se disponga.
En tanto se publique el nuevo Reglamento de Seguridad Privada, la aplicación de este mandato legal deberá hacerse a través del Reglamento actual aprobado por Real Decreto 2364/1994, de 9 de diciembre y sus posteriores modificaciones, que dedica la Sección VII del Capítulo III de su Título I a “Centrales de alarma” y concretamente su artículo 49 al “servicio de custodia de llaves”, donde se establecen las diferentes formas de prestar este servicio y exigencias a cumplir.

La Orden INT/316, de 1 de febrero sobre funcionamiento de los sistemas de alarma en el ámbito de la seguridad privada, al enumerar los diferentes procedimientos de verificación de alarmas, recoge en su artículo 10 la “personal”, ampliando y describiendo la forma de realizarlo, los medios a utilizar y el número de vigilantes en función de que la verificación sea interior o exterior.

Cuando la verificación interior del inmueble se preste por un solo vigilante, en lugar de los dos que normativamente se exige, la empresa podría estar incurriendo en la infracción tipificada como grave del artículo 57.2. c) de la vigente Ley de Seguridad Privada:

“La prestación de servicios de seguridad privada careciendo de los requisitos específicos de autorización o presentación de declaración responsable para la realización de dicho tipo de servicios. Esta infracción también será aplicable cuando tales servicios se lleven a cabo fuera del lugar o del ámbito territorial para el que estén autorizados o se haya presentado la declaración responsable, o careciendo de la autorización previa o de dicha declaración cuando éstas sean preceptivas, o cuando se realicen en condiciones distintas a las expresamente previstas en la autorización del servicio”.
Esta misma Orden INT/316, en su Capitulo V referido a la formación del personal, recoge en su artículo 18 a los vigilantes destinados a la verificación personal de las alarmas, estableciendo que las empresas responderán de la formación específica de quienes presten este tipo de servicios.

Por otro lado, la Orden INT/318/2011, de 1 de febrero de 2011, sobre personal de seguridad privada, dedica su Sección 3ª a la Formación Permanente del personal de seguridad, disponiendo en su artículo 8, que se requerirá una formación específica para la prestación de los concretos tipos de servicios de seguridad citados en el apartado 1 del anexo IV de la misma, por ser necesaria una mayor especialización del personal que los desempeña.

Dicha formación específica habrá de ajustarse a los requisitos que se recogen en el aludido anexo, que si bien exige la superación de un curso de formación específica, no detalla sus contenidos, que fueron concretados en la “Resolución por la que se determinan los programas de formación del personal de seguridad privada” de 12.11.12 de la Secretaria de Estado, estableciendo en su Apéndice 2 la “formación específica para vigilantes de seguridad que presten servicio de respuesta ante alarmas”.

Significar, por último, que el punto 2 del Anexo IV de la citada Orden INT/318, establece que:

“Los servicios señalados en el apartado anterior (entre ellos el de acuda) serán desempeñados por personal de seguridad privada que haya superado el correspondiente curso de formación específica.

No obstante, al personal de seguridad privada que, a la entrada en vigor de la presente Orden, se encuentre desempeñando un servicio de seguridad de los anteriormente citados o acredite su desempeño durante un período de dos años, no le será exigible la realización del curso específico relacionado con ese servicio.”

Establecida la formación de los vigilantes y las condiciones en que debe prestarse este servicio, hay que analizar la posibilidad de compatibilizar el mismo con otros de seguridad privada.

El artículo 35.1 de la Ley 5/2014 de Seguridad Privada enumera cuales son las funciones de los Jefes de Seguridad en el ámbito de la empresa en cuya plantilla estén integrados, señalando, entre otras:

• El análisis de las situaciones de riesgo y la planificación y programación de las actuaciones precisas para la implantación y realización de los servicios de seguridad privada. • La organización, dirección e inspección del personal y servicios de seguridad privada.

Si consideramos que la prestación del servicio de verificación personal de las alarmas no constituye un puesto de trabajo especifico ni diferenciado para el personal de seguridad integrado en una empresa de vigilancia, salvo por la formación específica exigida para prestarlo, al igual que ocurre con los que se prestan, entre otros, en centros comerciales, hospitales, puertos…., bastaría pues cumplir con este requisito formativo, para que cualquier vigilante pudiese ser asignado por el Jefe de Seguridad a este servicio, quedando a su criterio el lugar donde debe permanecer el vigilante y la posibilidad de que, en tanto se reciba de la Central aviso para verificar una señal de alarma, pudiese prestar otros servicios.

Cuestión diferente es que, como consecuencia de esa posible simultaneidad de servicios asignados, dejase de prestar en todo o parte alguno de ellos, en cuyo caso podría incurrir la empresa en los tipos infractores recogidos en el artículo 57.2 de la Ley 5/2004, de Seguridad Privada, apartados f) e y) que considera como infracción grave:

f) “La prestación de servicios de seguridad privada sin cumplir lo estipulado en el correspondiente contrato.

y) La prestación de servicios de seguridad privada en condiciones distintas a las previstas en las comunicaciones de los correspondientes contratos”. 

CONCLUSIONES

En atención a las consideraciones expuestas y como respuesta a las preguntas formuladas, pueden extraerse las siguientes conclusiones:

1. Los vigilantes que presten un servicio de verificación personal de las alarmas, deben disponer del curso de formación específica recogido en el apéndice 2, del Anexo II de la Resolución por la que se determinan los programas de formación del personal de seguridad privada.

2. La verificación interior de los inmuebles debe realizarse siempre por dos vigilantes de seguridad uniformados y en vehículo rotulado con anagrama de la empresa.

3. Para la organización de su personal, así como la asignación de este a los diferentes servicios, las empresas de seguridad deben atenerse a lo dispuesto en el artículo 35.1 de la Ley de Seguridad Privada, que señala que corresponde al jefe de seguridad la organización del personal y los servicios de seguridad.

4. En base a ello, el jefe de seguridad puede asignar al vigilante de seguridad que presta funciones de acuda, la prestación de otros servicios, siempre que ello no suponga desatender el de la verificación personal de las alarmas.

5. Si por esa simultaneidad de servicios, dejase de prestarse en todo o parte alguno de ellos, la empresa podría incurrir en una infracción grave de las tipificadas en el artículo 57.2, apartados f) e y) de la actual Ley de Seguridad Privada.
6. Por prestar el servicio de verificación interior de los inmuebles por un solo vigilante, la empresa de seguridad podría incurrir en la infracción grave prevista en el artículo 57.2 c) de la ya citada Ley de Seguridad.

Este informe se emite en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 35.g) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, sobre derecho de información al ciudadano, y fija la posición y el criterio decisor de las Unidades Policiales de Seguridad Privada, en relación con el objeto de la consulta sometido a consideración. No pone fin a la vía administrativa ni constituye un acto de los descritos en el artículo 107 de la citada ley, por lo que, contra el mismo, no cabe recurso alguno.

UNIDAD CENTRAL DE SEGURIDAD PRIVADA

2016/039 * Requisa por vigilantes de seguridad de carros portaequipajes y los usados por plastificadores ilegales y actuación en acceso a depósitos de mercancías peligrosas todo ello en aeropuertos.

ANTECEDENTES

Consulta realizada por un delegado del comité de empresa y salud laboral en XX en la que interesa conocer el criterio sobre la actuación de los vigilantes de seguridad que prestan servicio en el interior de las instalaciones del aeropuerto puedan requisar los carros que se utilizan de forma indebida, y actuación de los vigilantes de seguridad ante alarmas en los depósitos de mercancías peligrosas.

CONSIDERACIONES

Con carácter previo se participa que, los informes o respuestas que emite esta Unidad, tienen un carácter meramente informativo y orientativo -nunca vinculante- para quien los emite y para quien los solicita, sin que quepa atribuir a los mismos otros efectos o aplicaciones distintos del mero cumplimiento del deber de servicio a los ciudadanos.
La consulta planteada, viene a exponer, si en el Aeropuerto de Madrid-Barajas, los vigilantes de seguridad que prestan servicio en el interior de las instalaciones del aeropuerto pueden requisar los carros que son utilizados de forma indebida por personal ajeno a la empresa encargada de la concesión de los carros portaequipajes, a cambio de alguna prestación económica por parte de los viajeros, y cuando los viajeros se niegan a que les ayuden y a darles compensación económica dichas personas se vuelven violentos con los viajeros. 

La vigente Ley de Seguridad Privada 5/2014, en su artículo 32, al respecto de los vigilantes de seguridad, recoge entre otras, que:

“1. Los vigilantes de seguridad desempeñarán las siguientes funciones:

a) Ejercer la vigilancia y protección de bienes, establecimientos, lugares y eventos, tanto privados como públicos, así como la protección de las personas que puedan encontrarse en los mismos, llevando a cabo las comprobaciones, registros y prevenciones necesarias para el cumplimiento de su misión.

b) Efectuar controles de identidad, de objetos personales, paquetería, mercancías o vehículos, incluido el interior de éstos, en el acceso o en el interior de inmuebles o propiedades donde presten servicio, sin que, en ningún caso, puedan retener la documentación personal, pero sí impedir el acceso a dichos inmuebles o propiedades. La negativa a exhibir la identificación o a permitir el control de los objetos personales, de paquetería, mercancía o del vehículo facultará para impedir a los particulares el acceso o para ordenarles el abandono del inmueble o propiedad objeto de su protección.   c) Evitar la comisión de actos delictivos o infracciones administrativas en relación con el objeto de su protección, realizando las comprobaciones necesarias para prevenirlos o impedir su consumación, debiendo oponerse a los mismos e intervenir cuando presenciaren la comisión de algún tipo de infracción o fuere precisa su ayuda por razones humanitarias o de urgencia.

d) En relación con el objeto de su protección o de su actuación, detener y poner inmediatamente a disposición de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad competentes a los delincuentes y los instrumentos, efectos y pruebas de los delitos, así como denunciar a quienes cometan infracciones administrativas. No podrán proceder al interrogatorio de aquéllos, si bien no se considerará como tal la anotación de sus datos personales para su comunicación a las autoridades.   
Lo dispuesto en el párrafo anterior se entiende sin perjuicio de los supuestos en los que la Ley de Enjuiciamiento Criminal permite a cualquier persona practicar la detención.

2. Los vigilantes de seguridad se dedicarán exclusivamente a las funciones de seguridad propias, no pudiendo simultanearlas con otras no directamente relacionadas con aquéllas”.

Para mayor abundamiento, la misma Ley de Seguridad Privada, al respecto de las funciones del Director de Seguridad, en su artículo 36 contempla entre otras, que:

“2. Los usuarios de seguridad privada situarán al frente de la seguridad integral de la entidad, empresa o grupo empresarial a un director de seguridad cuando así lo exija la normativa de desarrollo de esta ley por la dimensión de su servicio de seguridad; cuando se acuerde por decisión gubernativa, en atención a las medidas de seguridad y al grado de concentración de riesgo, o cuando lo prevea una disposición especial.

Lo dispuesto en este apartado es igualmente aplicable a las empresas de seguridad privada.

3. En las empresas de seguridad el director de seguridad podrá compatibilizar sus funciones con las de jefe de seguridad.   
4. Cuando una empresa de seguridad preste servicio a un usuario que cuente con su propio director de seguridad, las funciones encomendadas a los jefes de seguridad en el artículo 35.1.a), b), c), y e) serán asumidas por dicho director de seguridad.”

Con fecha 29 de junio de 1999, el Ministerio del Interior y AENA firmaron un Convenio de Colaboración en materia de seguridad aeroportuaria, que sentó las bases para los procedimientos de coordinación y colaboración entre las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y el Ente Público, que entre otras, contiene las siguientes estipulaciones:

TERCERA: “En el ejercicio de las competencias que AENA tiene asignadas en su propio Estatuto, en materia de seguridad aeroportuaria, el Ente Público, a través de su Departamento de Seguridad, participará, en el marco de la coordinación y cooperación con las Fuerzas de Seguridad del Estado, en la adopción de medidas de seguridad dentro de los recintos aeroportuarios, y, de manera específica, en los servicios, recintos y lugares que se relacionan…

Filtros de pasajeros y sus equipajes de mano, al acceder a las zonas restringidas del aeropuerto.

Filtros de personal laboral y tripulaciones, en las mismas condiciones que las señaladas en el apartado anterior.   
Acceso a las salas de espera y retirada de equipajes.

Otros accesos a la zona aeroportuaria que, de común acuerdo, se determinen.”

CUARTA: La prestación de servicios que correspondan a AENA, se realizará por vigilantes de seguridad, integrados en su Departamento de Seguridad, quienes ajustarán su actuación al ejercicio de las funciones que les asigna el artículo 11 de la Ley 23/1992, de 30 de julio (actualmente recogido en el artículo 32 de la Ley 5/2014, de 4 de abril, de Seguridad Privada).

OCTAVA: “…en cada Aeropuerto se creará un Grupo de Coordinación integrado por los responsables de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y el responsable del Departamento de Seguridad de AENA en el mismo, al objeto de establecer los mecanismos de coordinación necesarios, resolver cuantas cuestiones puedan plantearse en la ejecución de los servicios…”

CONCLUSIONES

La actuación del vigilante de seguridad, irá encaminada a impedir la comisión de actos delictivos o infracciones administrativas que puedan producirse, debiendo oponerse a las mismas e intervenir cuando presenciaren su comisión, así como denunciar a quienes cometan infracciones, realizando las comprobaciones necesarias y dando traslado de las anotaciones a las autoridades competentes.

De manera general, no cabe considerar como función específica de los vigilantes de seguridad la requisa de los carros portaequipajes en el aeropuerto, salvo que dichos carros y su contenido se encuentren inmersos en algún ilícito penal o administrativo y por las Autoridades y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad competentes, o por el Departamento de Seguridad del aeropuerto, se considere necesaria su requisa.

En cada aeropuerto español, existe un Comité Local, con presencia de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y del Departamento de Seguridad, órgano competente para resolver las cuestiones que se planteen en la ejecución de los servicios y para establecer los protocolos a seguir de cara a posibles actuaciones, determinando las que consideren necesarias en cada momento para garantizar la seguridad de las instalaciones.

En cuanto a la cuestión sobre el control de las alarmas, nuevamente debemos remitirnos al Convenio de Colaboración en materia de seguridad aeroportuaria, entre las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y el Ente Público y las decisiones del Comité Local. Si bien, con carácter general, la verificación personal de las alarmas corresponde efectuarlas a los vigilantes de seguridad.

Este informe se emite en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 35.g) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, sobre derecho de información al ciudadano, y fija la posición y el criterio decisor de las Unidades Policiales de Seguridad Privada, en relación con el objeto de la consulta sometido a consideración. No pone fin a la vía administrativa ni constituye un acto de los descritos en el artículo 107 de la citada ley, por lo que, contra el mismo, no cabe recurso alguno.
 
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